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La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y Policiales (APTIJ) y la Red Vértice de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección desean expresar su total desacuerdo con las manifestaciones públicas de representantes del Ministerio de Justicia en lo referente a la transposición de la Directiva 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Si bien coincidimos en identificar la creación de un Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales como la pieza clave para la aplicación de la citada directiva, cuyo plazo de transposición acabó en octubre de 2013, disentimos completamente sobre la concepción de registro que el Ministerio pretende llevar a la práctica. Ante dichas manifestaciones, las asociaciones han aportado enfoques alternativos que no se han visto reflejados en los planteamientos del ministerio.  Documento completo

El Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 4 de abril de 2014, recoge la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre gestión pública de los servicios de traducción e interpretación de los Ministerios del Interior y de Justicia.

La proposición se hace eco de las reclamaciones suscitadas por la externalización de los servicios de traducción e interpretación en los ministerios de Interior y Justicia y solicita un mejor uso del personal interno de dichos ministerios especializado en traducción e interpretación. El texto dice lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para:

1. Que ponga fin al sistema actual de contratas de servicios de traducción e interpretación por los ministerios de Interior y de Justicia que, por un lado, no garantiza el derecho de muchos justiciables y víctimas a un juicio justo y, por otro, fomenta la precariedad laboral y da pie a la vulneración de los derechos de los traductores e intérpretes profesionales.

2. Que los servicios de traducción e interpretación de los ministerios de Justicia y de Interior sean cubiertos a través de la provisión de plazas de funcionarios o mediante contratos de trabajo para personal laboral.

3. Que, al igual que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia, los ministerios de Interior y de Justicia cuenten con un Cuerpo de traductores/intérpretes, en vez de dejar en manos de empresas privadas la selección del personal que va a trabajar en temas que afectan al derecho de las personas a un juicio justo o en temas relacionados con la seguridad del Estado y con documentos confidenciales que ponen en peligro no sólo las investigaciones policiales, sino también la vida de los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.

4. Que no demore más la transposición de la Directiva 64/2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, cuyo plazo de transposición expiraba el 27 de octubre de 2013.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Documento completo

Gracias a la RITAP, el 13 de diciembre de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley sobre la necesidad de establecer unos requisitos mínimos de formación para poder ejercer de traductor y/o intérprete en cualquier actividad que tenga relación con las actividades que realiza el Ministerio del Interior, para su debate en la Comisión de Interior. Documento completo

APTIJ, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, ha publicado en su web las prevenciones para mejorar la traducción e interpretación en procedimientos judiciales, aprobadas el pasado mes de abril de 2012 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  y matizadas, en mayo de 2012, por la Comisión de Modernización e Informática del Consejo General del Poder Judicial. Documento completo

APTIJ ha promovido también la difusión de una carta titulada “Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial”, firmada asimismo por ACE Traductores, AGPTI, AICE, AIPTI, APTIC, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE y UniCo.  Documento completo