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Marco jurídico de la traducción e interpretación en las administraciones públicas

II. Marco  jurídico de la traducción e interpretación en las administraciones públicas

Los traductores e intérpretes institucionales desarrollan su labor en múltiples sectores de la Administración Pública.A continuación se exponen algunas de las normas más importantes, nacionales e internacionales, que de manera directa o indirecta se refieren a la figura del traductor e intérprete y que, por consiguiente, son de aplicación a los profesionales que trabajan en la Administración. También se exponen algunas normas que si bien omiten toda referencia directa o indirecta a la figura del traductor, intérprete o mediador lingüístico, son de difícil cumplimiento por parte de la Administración sin estos profesionales.

Uno de los principales instrumentos internacionales que recoge el derecho a un intérprete es el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa (Roma, 4 de noviembre de 1950) y ratificado por España el 4 de octubre de 1979. Este texto, conocido igualmente con el nombre de Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), dispone lo siguiente:

Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.

2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la acusación formulada contra él

(…)

e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

Más tarde, ya en sede de Naciones Unidas, el derecho a intérprete se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966), ratificado por España el 27 de abril de 1977, que dispone en su artículo 14.3:

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

 a) a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y de las causas de la acusación formulada contra ella;

 f) a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.

El derecho de los imputados y acusados a la interpretación en sede judicial y policialestá, por lo tanto, claramente consagrado en la legislación internacional, que al formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno es de obligado cumplimiento.

En el plano de la legislación nacional debemos referirnos, en primer lugar, a la Constitución Española de 1978.

El derecho al intérprete y a la traducción en el proceso penal es una exigencia constitucional. Aunque ningún artículo lo recoja expresamente, tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que debe entenderse comprendido en el artículo 24.1 que prohíbe la existencia de situaciones de indefensión. Dice este artículo:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Cuandola Constituciónen el artículo 17 consagra el derecho a la libertad, y establece que su restricción debe observar siempre lo dispuesto en la propia Constitución y en las leyes, el apartado 3 añade:

 toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.

¿Cómo atienden nuestras leyes al derecho de interpretación?

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, dispone en su artículo 231.5:

5. En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla.

En la práctica procesal de nuestros tribunales, el juez o magistrado exige al intérprete que preste  juramento o promesa de que va a desarrollar bien y fielmente su labor. Basta con que diga “prometo desempeñar bien y fielmente mi trabajo” para que haya cumplido todos los requisitos legales.  

Lo anterior queda aún más patente centrándonos ya en los textos propiamente procesales. En primer lugar está nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.  Se trata de una norma que data del siglo XIX. Fue promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aunque ha sufrido numerosas reformas y se está debatiendo un nuevo texto.

Esta ley, cuando regula el derecho de defensa, la asistencia de Abogado y el tratamiento de los detenidos y presos, establece en su artículo 520, que entre los derechos que tiene el detenido está el derecho a intérprete.

 Artículo 520.

2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

 

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

Este artículo rige no sólo para las declaraciones que los detenidos prestan en sede judicial sino también en sede policial, es decir, en las comisarías o comandancia dela Guardia Civil, antes de ser puestos a disposición judicial.

En otra parte dela LECr, en la fase de instrucción preliminar o «sumario» dentro del procedimiento ordinario, es decir, el procedimiento seguido para el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, el artículo 440 reconoce al testigo el derecho a intérprete si no entiende o no habla el idioma español. Lo hace de la siguiente manera:

Artículo 440.

 

Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones, que éste podrá dictar por su conducto.

En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma empleado por el testigo y traducido a continuación al español.

 

En punto a la cualificación y acreditación del intérprete no hay más que seguir leyendo:

Artículo 441.

 

El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa.

 

Lo que debería ser la excepción se ha convertido en regla general. Exceptuando a los traductores en plantilla que superan un concurso-oposición y a algunos interinos a los que se les ha exigido que demuestren su competencia antes de ser contratados, la Administración raramente controla los conocimientos  de  las personas llamadas a actuar como intérpretes en sede judicial y, por analogía, en sede policial. Vale cualquier persona que dice saber o conocer un idioma.

Este artículo añade:

Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigírsele y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado, para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo.

El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del Juez, se entere de su contenido y redacte por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la Interpretación de Lenguas.

La referencia anterior a la Oficina de Interpretación de Lenguas como último recurso para aquellos casos en los que no se consigue traductor, ha quedado tácitamente derogada por un acuerdo al que llegaron el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Por último, en sede del procedimiento abreviado, hay que mencionar el artículo 762.8 LECr, que recoge lo siguiente:

Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial.

El procedimiento abreviado, introducido por el legislador mediante Ley Orgánica  7/1988, de 28 de diciembre, y que desde entonces ha sufrido ya algunas modificaciones, lejos de corregir la falta de rigor del artículo 441 dela LECrflexibiliza aún más la elección de intérprete porque elimina cualquier orden de prelación y estipula que no es necesario que el intérprete tenga un título oficial. Conviene tener presente que este procedimiento se aplica al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años. Estadísticamente es el procedimiento penal más usado.

Los artículos de la LECr han quedado obsoletos, son propios del siglo XIX y no reflejan la transformación que ha sufrido la sociedad española. No es de extrañar que omitan las titulaciones existentes en materia de traducción e interpretación.

Esto último ocurre también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aun siendo de fecha mucho más reciente (7 de enero de 2000) establece en su artículo 143.1:

1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.

Conviene tener presente que en el orden civil, cuando el justiciable desconoce el idioma empleado por el tribunal y además goza del derecho de asistencia jurídica gratuita, el Estado no sólo le pondrá un abogado de oficio, sino también le proporcionará un intérprete, así como la traducción de los documentos que presente a instancia del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto.

La Administración Penitenciariaes otro sector que merece una breve mención. En los últimos años la composición de la población reclusa ha variado y existe una mayor presencia de reclusos extranjeros. El Reglamento Penitenciario es una norma clave que regula la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a disposición judicial y de los presos preventivos, y en él se menciona también la necesidad de los internos extranjeros de hacerse entender ante las autoridades del centro penitenciario. Los siguientes artículos están tomados del actual Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que desarrolla y ejecutala Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

El artículo 15 regula el ingreso en un establecimiento penitenciario. En su apartado 5 dispone:

Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento del ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, se les informará de forma comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho,recabando por escrito su autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación.

Más adelante, el artículo 43.2 que regula la intervención de las comunicaciones orales de los reclusos dispone:

En los casos de intervención, los comunicantes que no vayan a expresarse en castellano o en la lengua cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma, advertirán de ello con anterioridad al Director del centro, que adoptará las medidas oportunas para que la comunicación pueda intervenirse adecuadamente.

El artículo opta por no concretar el modo de proceder y deja al arbitrio de cada  Director de Centro la forma concreta de actuar.

En cuanto a la intervención de las comunicaciones escritas, el artículo 46.5 dispone:

En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al juez de Vigilancia se se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior.

Otro tema sumamente importante es la información que todo interno debe recibir en cuanto a sus derechos y deberes, el régimen del Establecimiento, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. El Reglamento Penitenciario habla, entre otras cosas, de la entrega de folletos informativos generales. Los artículos 52.2 y 52.3 mencionan a los reclusos extranjeros. El artículo 52.3 incluso prevé la posibilidad de que se precise la intervención de un intérprete (“traductor oral”).

Artículo 52.1: Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y deberes, el régimen del Establecimiento, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Con este fin, se les entregará un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas del régimen interior del Centro Penitenciario de que se trate, que el Centro Directivo de la Administración Penitenciaria correspondiente editará necesariamente en castellano y en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el Centro penitenciario.

Artículo 52.2: A los internos extranjeros se les informará, además, de la posibilidad de solicitar la aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos por España para el traslado a otros países de personas condenadas, así como de la sustitución de las penas impuestas o a imponer por la medida de expulsión del territorio nacional, en los casos y con las condiciones previstas por las leyes. Igualmente, se les facilitará la dirección y el número de teléfono de la representación diplomática acreditada en España del país correspondiente.

Artículo 52.3: A estos efectos, el mencionado Centro Directivo procurará editar folletos de referencia en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los Establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre editado el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan la lengua del interesado y, si fuera necesario,se recabará la colaboración de los servicios consulares del Estado a que aquél pertenezca.

Son los funcionarios y los propios internos los que se convierten en improvisados intérpretes, ya que el Reglamento Penitenciario considera, al parecer, que están  cualificados para hacer una traducción a la vista. Si aun así no es posible realizar una “traducción oral”, la norma deja abierta la vía de solicitar ayuda a los servicios consulares.

Dentro del procedimiento quela Administración Penitenciariadebe seguir para imponer sanciones y faltas disciplinarias, el Reglamento Penitenciario menciona también en su artículo 242 la posibilidad de recurrir a un intérprete:

j. Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por otro lado, tienen encomendadas labores para cuyo cumplimiento se precisa la activa colaboración de traductores e intérpretes policiales. Los siguientes artículos del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, sirven para dar una idea de los campos a los que nos referimos. En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, el artículo 3, apartado A) subapartados1. f. y g , enumera como funciones encomendadas al Director General:

  1. f. Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países, en cumplimiento de las funciones que atribuye al Cuerpo Nacional de Policía la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado de Seguridad.
  2. g. Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería, documento nacional de identidad, pasaportes, juegos, drogas, control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos, todo ello en el ámbito policial y en los términos previstos en la legislación vigente.

Más adelante, el artículo 3, apartado A) subapartados 3. b y d menciona las funciones que corresponden a las Comisarías Generales de Policía Judicial y Comisarías Generales de Extranjería y Fronteras respectivamente, que son las  siguientes:

3.b A la Comisaría General de Policía Judicial, la investigación y persecución de las infracciones supraterritoriales, especialmente los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar, así como la colaboración con las policías de otros países y la dirección de las oficinas nacionales de Interpol y Europol. Asimismo, le corresponderá la dirección de los servicios encargados de la investigación de delitos monetarios y los relacionados con la moneda, así como la colaboración con los servicios correspondientes del Banco de España en estos asuntos.

3.d A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la expedición de las tarjetas de extranjero, el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.

En el ámbito del Cuerpo dela Guardia Civil, el artículo 3, apartado B) subapartado1. a.5 y el artículo 3, apartado B), subapartado1.f. enumera como funciones encomendadas al Director General:

1. a. 5 Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el desarrollo de sus misiones, así como el establecimiento y mantenimiento del enlace y coordinación con otros órganos de información nacionales y extranjeros, en el ámbito de su competencia, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado de Seguridad.

1. f. En el ejercicio de sus competencias, y en relación con la extranjería e inmigración, actuar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, en coordinación con el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

La Jefatura Fiscaly de Fronteras, que depende del Director Adjunto Operativo, ejerce las funciones que se recogen en el artículo 3, apartado B) subapartado 4. e:

  1. e.   La Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente, así como la custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar territorial y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.

Finalmente debe mencionarse tambiénla Dirección Generalde Relaciones Internacionales y Extranjería, que de conformidad con el artículo 8.1 tiene encomendadas:

  1. a.  La coordinación en materia de cooperación y policial internacional y la definición de las acciones y programas de actuación de los órganos técnicos del Ministerio del Interior existentes en las Misiones Diplomáticas, su organización interna y dotación presupuestaria, así como su inspección técnica y control, sin perjuicio de las facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática y de la Representación Permanente respectiva.
  2. b.  Coordinar la participación de los representantes del Ministerio en los grupos y Comités del Consejo de la Unión Europea.
  3. c.  Efectuar el seguimiento de las decisiones comunitarias que afecten al Ministerio, especialmente respecto a Fondos comunitarios relacionados con su ámbito competencial.
  4. d.  La organización y preparación de las actividades de carácter internacional que se deban llevar a cabo en el ámbito de las competencias del Ministerio en las materias de inmigración y extranjería.
  5. e.  La organización de las relaciones del Ministro del Interior con las autoridades de otros Gobiernos en el ámbito de sus competencias.
  6. f.   La coordinación de actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Las anteriores disposiciones recogen, entre otros, los importantes campos de extranjería, investigación y persecución de delitos, vigilancia de puestos fronterizos y control de la inmigración ilegal, en los que por imperativo legal deben actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estas normas no mencionan a los intérpretes ni a los traductores y, sin embargo, es precisamente aquí donde intervienen, auxiliando a los agentes para que éstos puedan cumplir las misiones que el legislador les ha encomendado. Ahora bien, existen normas relacionadas con estos temas que sí prevén expresamente el derecho de asistencia de intérprete. Conviene subrayar que en los procedimientos administrativos que se siguen en materias como las que a continuación vamos a exponer y que son competencia del Ministerio del Interior, se hace extensivo este derecho a la traducción de documentos.

Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que dispone en el artículo 22.2:

Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Esta Ley Orgánica fue desarrollada por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que en el artículo 13, cuando regula la denegación de entrada, dispone:

Los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en el territorio español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en este capítulo. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada, con información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el plazo para hacerlo y la autoridad ante la que deban formalizarse, así como de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto fronterizo.

Estas situaciones se dan en los puestos fronterizos (aeropuertos, fronteras terrestres y puertos).

En otra parte del Real Decreto se habla de los procedimientos sancionadores por infracciones administrativas en materia de extranjería. Para determinadas infracciones es posible iniciar y tramitar un procedimiento de expulsión según el procedimiento preferente, y para estos casos el artículo 131 dispone:

1. Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado del acuerdo de iniciación motivado por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, y se le advertirá que de no efectuar alegaciones por sí mismo o por su representante sobre el contenido de la propuesta, o si no se admitiesen, de forma motivada, por improcedentes o innecesarias, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución.

2. En estos supuestos, el extranjero tendrá derecho a la asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.

Más adelante, en el artículo 138, el Real Decreto regula los supuestos en los que procede el procedimiento de expulsión, y a continuación, en el artículo 139, cuando establece cuál debe ser el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión, dispone:

Además del contenido mínimo que ha de incluir el acuerdo de iniciación conforme lo dispuesto en el artículo 123.1 en él se indicarán expresamente los siguientes particulares:

a. El derecho del interesado a la asistencia jurídica gratuita, en el caso de que carezca de recursos económicos suficientes.

b. El derecho del interesado a la asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.

  1. c. Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse conllevará la prohibición de entrada en España por un período mínimo de tres años y máximo de 10, que será extensiva a los territorios de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.

Más adelante, al hablar del retorno de los extranjeros, el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, vuelve a aludir a la asistencia de intérprete. Así, el artículo 156 dispone:

1. Se acordará el retorno cuando el extranjero se presente en un puesto fronterizo habilitado y no se le permita la entrada en el territorio nacional por no reunir los requisitos previstos al efecto en este reglamento.

2. La resolución de retorno se dictará como consecuencia de la resolución de denegación de entrada dictada por los funcionarios policiales responsables del control de entrada, mediante el procedimiento oportuno, en donde consten acreditados, entre otros, los siguientes trámites:

a. La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, que será gratuita en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes, así como ala asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del procedimiento.

b. La información al interesado de que el efecto que puede conllevar la denegación de entrada es el retorno.

  1. c.  La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.

En el artículo 157.3 el Real Decreto menciona una vez más a la asistencia de intérprete. Lo hace al hablar de los trámites para adoptar una orden de devolución.

Artículo 157.3 En cualquiera de los supuestos del apartado 1, el extranjero respecto del cual se sigan trámites para adoptar una orden de devolución tendrá derecho a la asistencia jurídica, que será gratuita en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes, así como a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.

Los procedimientos administrativos en los que son de aplicación los artículos antes mencionados precisan de la intervención de intérpretes, ya que es absolutamente necesario que los extranjeros comprendan las resoluciones adoptadas por el Ministerio del Interior.

Si en el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de algunas de las infracciones administrativas previstas enla Ley Orgánica4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el instructor del expediente solicita a un Juez de Instrucción el internamiento preventivo del extranjero en un centro de internamiento como medida cautelar, y ésta efectivamente es ordenada por el Juez, el extranjero internado tendrá ciertos derechos, entre los que vuelve a estar el de ser asistido por un intérprete. El artículo 62 bis dela Ley Orgánica4/2000, de 11 de enero, dispone:

Artículo 62 bis. Derechos de los extranjeros internados 

  1. a.  A ser informado de su situación.
  2. h. A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos.

En cuanto a la petición de protección internacional, debemos referirnos a la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.  Esta ley tiene por objeto establecer los términos en que los nacionales de países no comunitarios y las apátridas pueden gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional.

El extranjero no comunitario y el apátrida que desee solicitar protección internacional en España, podrá presentar su solicitud ante la Oficinade Asilo y Refugio, los puestos fronterizos de entrada al territorio español, los Centros de Internamiento de Extranjeros, las Oficinas de Extranjeros, las Comisarías Provinciales de Policía o comisarías de distrito que se señalen mediante Orden del Ministerio del Interior así como las Misiones Diplomáticas y Oficinas consulares españolas en el extranjero. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, al establecer las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional y, concretamente, al hablar de la presentación de la solicitud, alude al derecho a intérprete. Lo hace en el artículo 16, en los siguientes términos:

Artículo 16. Derecho a solicitar protección internacional.

1. Las personas nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español tienen derecho a solicitar protección internacional en España.

2. Para su ejercicio, los solicitantes de protección internacional tendrán derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento, y que se prestará en los términos previstos en la legislación española en esta materia, así como derecho a intérpreteen los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000

El Ministerio de Justicia, los órganos autonómicos que han asumido las competencias sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia y el Ministerio del Interior cuentan, por una parte, con una plantilla de intérpretes judiciales y policiales que desempeñan a diario ese cometido, así como un amplio número de traductores/intérpretes jurados, que aunque trabajan de forma autónoma en el ámbito privado, han recibido su nombramiento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC .

Por otro lado, ante la necesidad creciente de intérpretes judiciales y policialesen una Europa sin fronteras y un mundo globalizado, la Administración ha optado en muchos casos por subcontratar esos servicios a empresas de traducción, lo cual ha generado múltiples quejas,tanto por parte de los magistrados y en concreto, de la asociación Jueces parala Democracia, por no poder cumplir su labor ante la falta de profesionalidad de los intérpretes, como por parte del gremio de traductores y de sus diversas asociaciones, que han denunciado la imposibilidad de que un traductor/intérprete cualificado pueda prestar sus servicios con las tarifas y las condiciones impuestas por dichas empresas. Véanse las observaciones que figuran en el apartado de propuestas de reforma.

Es urgente, por lo tanto, que la legislación recoja el modo en que se ha de proceder en el ámbito de la traducción e interpretación judicial y policial.

La aportación más importante en este sentido es la recientemente publicada Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al Derecho a Interpretación y a Traducción en los Procesos Penales. Se trata de la primera medida de la UE jamás adoptada que establece normas mínimas comunes para los derechos de la defensa en causas penales. Estas normas garantizarán que los ciudadanos disfruten de traducciones escritas de todos los documentos fundamentales, como el atestado o escrito de acusación, y que tengan derecho a un servicio de interpretación en todas las vistas e interrogatorios, así como durante las reuniones con los abogados. Los ciudadanos no podrán renunciar a sus derechos sin haber antes recibido asesoramiento jurídico o una información completa sobre las consecuencias de dicha renuncia. Se trata de una norma que pretende eliminar cualquier tipo de reticencias por parte de las autoridades judiciales a enviar a un acusado ante un órgano jurisdiccional de otro país y, de esta manera, conseguir que se apliquen plenamente las medidas de la Unión Europea de lucha contra la delincuencia, entre las que se encuentran las órdenes europeas de detención. Será el Estado miembro, y no el encausado, quien deberá correr con los gastos de traducción e interpretación. España, al igual que los demás Estados miembros, dispone de un plazo de tres años para incorporar la medida a su Derecho nacional. Dada la trascendencia de esta Directiva para nuestro ordenamiento jurídico interno se ha optado por reproducir íntegramente su articulado.

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea.

2. Este derecho se aplicará a cualquier persona a partir del momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento, mediante notificación oficial o de otro modo, que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso, entendido como la resolución definitiva de la cuestión de si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracción, incluida, en su caso, la sentencia y la resolución de cualquier recurso que se haya presentado.

3. En caso de que la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de una sanción para infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanción pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, la presente Directiva solo se aplicará al proceso ante dicho Tribunal a raíz del recurso en cuestión.

4. La presente Directiva no afecta al derecho nacional relativo a la presencia de un abogado en cualquier fase del proceso penal, ni tampoco al derecho nacional relativo al derecho de acceso de un sospechoso o acusado a los documentos en el marco de un proceso penal.

 

Artículo 2

Derecho a interpretación

1. Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en caso necesario y con miras a salvaguardar la equidad del proceso, se facilite un servicio de interpretación para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales.

3. El derecho a interpretación en virtud de los apartados 1 y 2 incluye la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.

4. Los Estados miembros velarán por que se establezca un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete.

5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y, cuando se haya facilitado la interpretación, la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

6. Se permitirá, cuando proceda, el uso de tecnologías de la comunicación como la videoconferencia, el teléfono o internet, salvo cuando se requiera la presencia física del intérprete con miras a salvaguardar le equidad del proceso.

7. En los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea, el Estado miembro de ejecución velará por que sus autoridades competentes faciliten interpretación con arreglo al presente artículo a toda persona sujeta a dichos procedimientos y que no hable o entienda la lengua del procedimiento.

8. La interpretación facilitada con arreglo al presente artículo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. 

Artículo 3

Derecho a la traducción de documentos esenciales

1. Los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.

2. Entre los documentos esenciales se encuentra cualquier resolución que prive a una persona de libertad, escrito de acusación y sentencia.

3. Las autoridades competentes decidirán si resulta esencial cualquier otro documento, en un caso determinado. El sospechoso o acusado, o su abogado, podrá presentar una solicitud motivada en este sentido.

4. No será preciso traducir pasajes de documentos esenciales que no resulten pertinentes para que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan.

5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir una decisión que establezca que no es necesaria la traducción de documentos o de pasajes de los mismos y, cuando se haya facilitado una traducción, la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la traducción no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

6. En los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea, el Estado miembro de ejecución velará por que sus autoridades competentes faciliten a toda persona sujeta a dichos procedimientos y que no entienda la lengua en que esté redactada la orden de detención europea, o la lengua a que esta haya sido traducida por el Estado miembro de emisión, una traducción escrita de dicho documento.

7. Como excepción a las normas generales establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 6, podrá facilitarse en lugar de una traducción escrita, una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales a que se refiere el presente artículo, siempre y cuando dicha traducción oral o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.

8. Toda renuncia al derecho a la traducción de los documentos a que se refiere el presente artículo estará supeditada a la condición de que el sospechoso o acusado haya recibido asesoramiento jurídico previo o haya tenido, de otro modo, pleno conocimiento de las consecuencias de su renuncia, y que la renuncia sea inequívoca y de carácter voluntario.

9. La traducción facilitada con arreglo al presente artículo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y está en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. 

Artículo 4

Costes de traducción e interpretación

Los Estados miembros sufragarán los costes de traducción e interpretación resultantes de la aplicación de los artículos 2 y 3, con independencia del resultado del proceso.

Artículo 6

Formación

Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros solicitarán a los responsables de la formación de los jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales el que presten una atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de manera que se garantice una comunicación efectiva y eficaz. 

Artículo 7

Llevanza de registros

Los Estados miembros garantizarán que cuando a un sospechoso o acusado le haya sido practicado un interrogatorio o se le haya tomado declaración por parte de una autoridad judicial o de investigación con la ayuda de un intérprete en virtud del artículo 2, cuando se facilite una traducción o resumen oral en virtud del artículo 3, apartado 7, o cuando se produzca una renuncia de los derechos en virtud del artículo 3, apartado 8, se dejará constancia de dichas eventualidades recurriendo al procedimiento de registro previsto por el derecho nacional del Estado miembro en cuestión. 

Artículo 8

No regresión

Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de que limita o deroga cualquier derecho o garantía procesal que pueda existir al amparo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de otras disposiciones pertinentes del derecho internacional o del ordenamiento jurídico de cualquier Estado miembro y que proporcionen un nivel de protección más elevado. 

Artículo 9

Incorporación al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 27 de octubre de 2013.

2. Los Estados miembros transmitirán el texto de las mencionadas disposiciones a la Comisión.

3. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 10

Informe

Antes del 27 de octubre de 2014, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, acompañado, si es necesario, de propuestas legislativas. 

Artículo 11

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 12

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.

La entrada en vigor dela Directivasobrela Traducciónyla Interpretaciónen los Procesos Penales conllevará una puesta al día de nuestras leyes procesales.  Será, pues, la pertenencia de España ala Unión Europeala que obligará a los responsables políticos a tomar cartas en el asunto. Están en juego los derechos fundamentales de muchos justiciables.

Esta Directiva se ha inspirado para su elaboración en las conclusiones del Foro de Reflexión dela Comisiónsobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes, convocado porla Dirección Generalde Interpretación dela Comisióndurante 2008 y cuyo texto figura íntegro en anexo.

Por otro lado, existen múltiples tratados y convenios internacionales suscritos por el Reino de España, que obligan a la administración a aportar la documentación traducida. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los siguientes instrumentos internacionales:

El Convenio europeo de extradición, Paris 13 de Diciembre de 1957, en su artículo 23, habla de las lenguas y dice textualmente: “Los documentos que se presenten estarán redactados en la lengua de la Parte requirente o de la Parte requerida. Esta última podrá exigir una traducción en la lengua oficial del Consejo de Europa que eligiere”.

El Convenio 112 del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, en su artículo 17.3, dice “Cualquier estado podrá exigir – en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa – que las peticiones de traslado y los documentos justificativos vayan acompañados de una traducción a su propia lengua o a una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa o a una de dichas lenguas que él indique. Podrá declarar en esa ocasión que está dispuesto a aceptar traducciones en cualquier otra lengua además de la lengua oficial o de las lenguas oficiales del Consejo de Europa”

El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en su art. artículo 24: “Toda demanda, comunicación u otro documento que se envíe a la Autoridad central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esto no sea factible, de una traducción al francés o al inglés”.

Otro ámbito que exige la intervención de traductores e intérpretes es el de la sanidad. Si bien las leyes no los mencionan expresamente, la normativa en muchas ocasiones resulta de imposible aplicación sin la ayuda de estos profesionales. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 307, de 23 de diciembre), por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre) y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre), establece en el artículo 12 del capítulo I del título I:

1. Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Además, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone en su artículo 4:

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

El único ejemplo en el que la Administración española ofrece un servicio debidamente organizado de traducción e interpretación, que podría servir de modelo para el conjunto de las instituciones, es el del Cuerpo de Traductores de la Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC y los intérpretes jurados nombrados por esta. Todo ello está regulado por el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente modificado conforme al Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, laOrden de 21 de marzo de 1997 y elReal Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre. En este documento se establece lo siguiente:

Artículo 1.La Oficina de Interpretación de Lenguas

La Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el máximo órgano de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación de lenguas.

Artículo 2.Funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas

Competen a la Oficina de Interpretación de Lenguas las siguientes funciones:

1.La traducción oficial al castellano de los Tratados y Convenios internacionales en que sea Parte el Estado español, así como de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.

2.La traducción a otras lenguas extranjeras de los textos que el Estado español esté obligado a proporcionar a otros Estados en virtud de los compromisos contraídos en el ámbito del Derecho Internacional.

3.La traducción al castellano o a otras lenguas extranjeras de documentos de carácter diplomático, consular o administrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como de todos aquellos documentos que, emanando de los órganos superiores del Estado, afecten a sus relaciones exteriores y de los que deba quedar constancia oficial.

4.El cotejo de las traducciones de Tratados, Convenios internacionales y otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.

5.La interpretación en actos en que intervengan representantes de los órganos superiores de la Administración del Estado, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cuando sea requerida para ello.

6.La participación, en calidad de expertos lingüísticos en traducción y/o interpretación, en reuniones de Conferencias o Comisiones encargadas de la negociación de Tratados, Acuerdos y Convenios internacionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y asistencia a otros Ministerios y órganos de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación.

7.El cotejo, revisión o traducción, según proceda, de los documentos remitidos por las autoridades judiciales conforme a lo previsto en las normas procesales, cuando el Ministerio de Justicia no haya previsto otro cauce para la prestación de este servicio.

8.La organización y calificación de los exámenes de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as y revisión, cuando así lo soliciten las autoridades competentes, de las traducciones realizadas por los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as.

9.La evacuación de dictámenes y consultas relativos a la traducción e interpretación de lenguas y elaboración de glosarios terminológicos en materias de su competencia.

  1. 10.                   En general, la realización de todas aquellas tareas de traducción, al castellano o a otras lenguas, o de interpretación que, no estando comprendidas en ninguno de los números anteriores, le sean encomendadas por el Ministro, el Subsecretario o el Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Artículo 3.Excepciones

La Oficina de Interpretación de Lenguas no estará obligada a traducir ni revisar las traducciones de documentos escritos que, por su antigüedad o las características de su letra, resulten ininteligibles, en tanto no sean convenientemente descifrados por paleógrafos, peritos calígrafos y otros expertos autorizados.

Artículo 4. Relaciones con otros organismos nacionales e internacionales

La Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación será, asimismo, el órgano de comunicación con las instituciones competentes en materia de traducción e interpretación de lenguas de la Unión Europea, de organismos internacionales y de otros países. Asimismo, mantendrá contacto permanente con instituciones similares de las Comunidades Autónomas.

Artículo 5.Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Los puestos de trabajo de la Oficina de Interpretación de Lenguas que tengan atribuido el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto se adscriben con carácter exclusivo a los funcionarios del Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

En las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación figurarán los puestos que, en función de los criterios reflejados en el párrafo anterior, estén adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

Los funcionarios de dicho Cuerpo quedan excluidos de la participación en concursos para la cobertura de puestos de otros Ministerios adscritos con carácter indistinto.

El texto, en su capítulo 2, regula asimismo la figura del traductor/intérprete jurado:

Artículo 6. Traducciones e interpretaciones juradas

1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello.

3. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as desempeñarán su labor de acuerdo con las orientaciones que, en su caso, pueda dictar la Oficina de Interpretación de Lenguas en desarrollo del presente Real Decreto.

Artículo 7. Exámenes de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación otorgará el título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a a quienes superen los exámenes convocados por la Oficina de Interpretación de Lenguas de traducción e interpretación al castellano y viceversa de las lenguas extranjeras determinadas en cada convocatoria.

2. El título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a no confiere a su titular la condición de funcionario público ni supone el establecimiento de ningún vínculo orgánico ni laboral con la Administración Pública.

Artículo 8. Requisitos para acceder al título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a

1. Los exámenes a que se refiere el artículo anterior se celebrarán, con carácter general, una vez al año, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pudiendo ampliarse dicho plazo como máximo en dos años en caso de no haber podido finalizar el proceso inmediatamente anterior. Para poder participar en los mismos será necesario reunir los siguientes requisitos:

a. Ser mayor de edad.

b. Poseer, al menos, un título español de Grado o un título extranjero que haya sido homologado a éste, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera.

  1. c.  Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y en la correspondiente normativa vigente de la Unión Europea, podrán solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales aquellos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que hayan recibido en su país la habilitación correspondiente para ejercer la profesión de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Oficina de Interpretación de Lenguas, es competente para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea o de los países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, previa verificación de la correspondencia entre la formación extranjera y española, aplicando, en su caso, las medidas compensatorias que se estimen oportunas.

Artículo 9. Ejercicio de la actividad

1. Una vez obtenido el título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8, el ejercicio de la actividad quedará condicionado a la realización de los trámites de verificación de su firma y sello. Los trámites de verificación de firma y sello, así como la entrega del título y del carné, serán realizados, bien a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para aquellos Traductores/as-Intérpretes Jurados/as que residan en territorio nacional, bien a través de las correspondientes Oficinas Consulares para aquellos Traductores/as-Intérpretes Jurados/as que desempeñen su actividad desde un país extranjero.

2. El título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a habilitará para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional.

Artículo 10. Registro de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as

1. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as serán inscritos de oficio en el Registro de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación una vez nombrados y se les asignará un número de registro correlativo que será único con independencia del número de idiomas para los que haya obtenido el título.

2. El Registro será único para todos los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como las Oficinas Consulares, podrán solicitar a la Oficina de Interpretación de Lenguas datos contenidos en el Registro de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as, con fines informativos y estadísticos.

3. El tratamiento de los datos contenidos en el mismo se sujetará a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 11. Listado de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as

Con carácter periódico y a efectos informativos, la Oficina de Interpretación de Lenguas elaborará una lista con los nombres y apellidos de todos los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as que hayan sido nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hasta esa fecha, indicando, asimismo, los idiomas para cuya traducción e interpretación han sido habilitados. Junto a esta información, figurarán sus datos de contacto y si están en ejercicio activo, siempre que aquéllos así lo deseen y lo comuniquen a la Oficina a través de los medios que ésta disponga a tal fin y que se especificarán en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. Dicha lista estará a disposición del público en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en los correspondientes tablones de anuncios.

Artículo 12. Honorarios

Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as fijarán libremente los honorarios que deban percibir por sus actuaciones.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16, los intérpretes jurados deberán inscribirse en el correspondiente registro, que se llevará en el Gobierno Civil de la provincia en que ejerzan su profesión.

Otros documentos sobre los exámenes y la profesión del intérprete jurado son los siguientes:

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Interpretes Jurados.

Orden de 23 de agosto de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a la profesión de Intérprete Jurado. 

Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los licenciados en Traducción e Interpretación.

Aunque los traductores e intérpretes jurados no son funcionarios dela Administraciónni tienen vínculo laboral con la misma, su nombramiento proviene de esta, así como su inclusión en registros a los quela Administracióny los ciudadanos pueden recurrir siempre que necesiten una traducción con validez jurídica.

Cabe mencionar en estrecha relación con las funciones dela Oficinade Interpretación de Lenguas, aquellas que asumen los traductores del Ministerio de Defensa. Aunque actualmente no hay ningún texto jurídico que contemple su existencia, la realidad es que el Ejército español actúa principalmente en el marco de acuerdos y tratados internacionales que vinculan a España, en concretola Organizacióndel Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las operaciones de las Naciones Unidas (Afganistán, etc.), de donde se deriva la necesidad imperiosa de la figura del traductor/intérprete.

Mencionaremos, por último, la participación de España en organismos internacionales, comola Unión Europeay el sistema de las Naciones Unidas, en los cuales las figuras del traductor y del intérprete son consustanciales al desarrollo de sus labores.

En el ámbito de las Naciones Unidas, organismo del que España forma parte desde el año 1955, cabe decir que el Reglamento de la Asamblea General (con las enmiendas y adiciones aprobadas porla Asamblea General hasta septiembre de 2007) designa el español como uno de los seis idiomas oficiales y regula la traducción e interpretación en el desarrollo del trabajo dela Asamblea General, sus comisiones y sus subcomisiones.

VIII. IDIOMAS

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo

Artículo 51

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los idiomas oficiales y los idiomas de trabajo de la Asamblea General, sus comisiones y sus subcomisiones.

Interpretación

Artículo 52

Los discursos pronunciados en cualquiera de los seis idiomas de la Asamblea General serán interpretados a los otros cinco.

Artículo 53

Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en idioma distinto de los idiomas de la Asamblea General. En este caso, se encargará de suministrar la interpretación a uno de los idiomas de la Asamblea General o de la comisión de que se trate. La interpretación hecha por los intérpretes de la Secretaría a los demás idiomas de la Asamblea General o de la comisión de que se trate podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales idiomas.

Idiomas de las actas literales y las actas resumidas

Artículo 54

Se levantarán actas literales o actas resumidas en los idiomas de la Asamblea General tan pronto como sea posible.

Idiomas del Diario de las Naciones Unidas

Artículo 55

Durante los períodos de sesiones de la Asamblea General, el Diario de las Naciones Unidas se publicará en los idiomas de la Asamblea.

Idiomas de las resoluciones y los demás documentos

Artículo 56

Todas las resoluciones y los demás documentos los idiomas de la Asamblea General.

Reglamentos similares rigen las labores de los organismos especializados de las Naciones Unidas: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas parala Agriculturayla Alimentación(FAO), Organización de las Naciones Unidas parala Educación,la Cienciayla Cultura(UNESCO), Organización Mundial dela Salud(OMS), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Organización Marítima Internacional (OMI), (Organización Meteorológica Mundial (OMM), Organización Mundial dela Propiedad Intelectual(OMPI), Organización Mundial del Turismo (OMT), etc.

Por último, cabe citar el protagonismo de traductores e intérpretes en la vida de la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, de la que España es miembro desde 1985.  La Unión Europeatiene actualmente 23 lenguas oficiales y en el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo artículo 21 del Tratado CE, se señala lo siguiente:

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones, órganos u organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea en una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del artículo 55 de dicho Tratado y recibir una contestación en esa misma lengua.

El régimen lingüístico de la Unión Europease detalla en el Reglamento Núm. 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.

Artículo 1

Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco. 

Artículo 2

Los textos que un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro envíe a las instituciones se redactarán, a elección del remitente, en una de las lenguas oficiales. La respuesta se redactará en la misma lengua. 

Artículo 3

Los textos que las instituciones envíen a un Estado miembro o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redactarán en la lengua de dicho Estado. 

Artículo 4

Los reglamentos y demás textos de alcance general se redactarán en las lenguas  oficiales. 

Artículo 5

El Diario Oficial de la Unión Europea se publicará en las lenguas oficiales.

Artículo 6

Las instituciones podrán determinar las modalidades de aplicación de este régimen lingüístico en sus reglamentos internos.

La enumeración de normas nacionales e internacionales que contiene este capítulo no es exhaustiva, pero ofrece una idea de los múltiples contextos en los que la Administraciónespañola debe contar con traductores e intérpretes para desarrollar las funciones que tiene encomendadas y prestar a los ciudadanos los servicios a los que tienen derecho. Conocer sus necesidades y sus carencias es el primer paso que ha dar la Administración para ofrecer una respuesta adecuada que garantice un trato justo y respetuoso tanto a los ciudadanos como a los profesionales de la traducción.