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Propuestas de reforma

VI. Propuestas de reforma 

1. Introducción:

Como se ha podido advertir a lo largo de las páginas anteriores, la situación administrativa en la que se encuadran los traductores e intérpretes que trabajan para la Administración es sumamente variada, lo que en último término da lugar a enormes desigualdades. Existe una absoluta falta de uniformidad: desde personas que trabajan como personal laboral hasta funcionarios de los grupos superiores, el abanico de posibilidades es muy amplio. Dentro de la primera categoría, el personal laboral queda encuadrado en diversos grupos, tampoco de forma uniforme; las cualificaciones que se exigen muchas veces están muy lejos de ser suficientes para desempeñar un trabajo de calidad (bachillerato superior, en muchos casos), lo que no obsta para que la mayor parte de ellos cuenten con titulación superior. En definitiva, la Administración carece de una idea clara de lo que se debe exigir a una persona que realiza el trabajo de traductor o intérprete y, en muchos casos, las pruebas que convoca para ello no son siquiera las adecuadas.

Precisamente esta falta de criterio en la descripción de estos puestos de trabajo podría explicar que haya desaparecido ya en las clasificaciones profesionales del personal laboral la figura del “traductor-intérprete”, que ha sido incluida en la de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes. Como la Administración desconoce en buena medida lo que son los traductores e intérpretes, la consecuencia lógica es que tampoco los incluye entre sus categorías profesionales: como muchas veces se ha dicho, lo que no tiene nombre corre el riesgo de no existir. Una de las pocas excepciones es la del Cuerpo de Traductores e Intérpretes de la Administración, encuadrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otra de las consecuencias derivadas de este desconocimiento casi absoluto de la profesión por parte de la Administración es que se obliga a traductores e intérpretes a desempeñar funciones que no son acordes con un ejercicio racional de su profesión. La Administración no es la única responsable de esta situación: el sector privado de la traducción en nuestro país es un mercado gris y escasísimamente regulado, en el que coexisten empresas serias y profesionales con otras muy poco rigurosas y bordeando los límites de la decencia profesional. Sin embargo, ello no exime a los poderes públicos de su responsabilidad cuando exigen a traductores e intérpretes que trabajen en traducción directa e inversa e interpretación en varios idiomas. En primer lugar, hay que recordar que, como señalábamos, muchas veces las pruebas de acceso que se organizan no son las más idóneas para verificar la capacidad de las personas que deben desarrollar unas actividades tan complejas como las enunciadas. En segundo lugar, en los foros en los que la traducción e interpretación gozan de un mayor reconocimiento (organizaciones internacionales multilingües), generalmente se trabaja hacia la lengua materna de cada profesional, si bien esta regla, que era de cumplimiento inexorable, también está sufriendo cierta erosión en estas instituciones.

En concreto, estas organizaciones se distinguen por contar con servicios de traducción e interpretación organizados como tales. Por su propia naturaleza multilingüe, casi desde su formación los responsables de estas instituciones concibieron la traducción como una actividad consustancial a la labor que éstas desempeñaban (no en todos los casos, claro está, ya que existen organizaciones monolingües o a lo sumo bilingües, pero en muchos otros sí). El propio hecho de contar con servicios o departamentos (la denominación es indiferente) lo que hace que sus integrantes vean reforzada su situación, ya que, como es lógico, un servicio cuenta con una estructura interna, está perfectamente engarzado en un organigrama más o menos amplio y puede defender unas necesidades de sus miembros que la jerarquía debe satisfacer. Cuando hablamos de servicio, la profesionalidad va implícita. Sus cabezas rectoras, que trabajan para el exterior (otros servicios), también deben rendir cuentas del funcionamiento interno del mismo; cabe suponer que conocen las tareas que se desempeñan y establecen criterios lógicos y uniformes para seleccionar el personal que debe realizarlas e implantan también criterios racionales de promoción o ascenso. Todo ello se reduce en una frase: condiciones de trabajo dignas y, sobre todo, idóneas.

Esta idoneidad (y también la dignidad en algunos casos) es lo que se echa en falta cuando se hace referencia a las condiciones de trabajo, en ocasiones deplorables, en las que se desenvuelven los traductores e intérpretes en la Administración, al menos en  algunos ámbitos.

Es difícilmente aceptable que en un mundo tecnificado e interconectado como el actual, muchos traductores trabajen sin acceso a Internet, o con enormes cortapisas para su utilización (fruto de un espíritu de desconfianza por parte de quienes les dirigen que no es sino muestra de una enorme falta de profesionalidad). Hasta el último estudiante de la materia, pasando por los profesionales del sector privado u otros traductores de la Administración, saben que el empleo de Internet es una de las herramientas fundamentales para este trabajo: los diccionarios y las obras de consulta en papel van perdiendo su vigencia con una rapidez pavorosa; las posibilidades de documentación sobre los diversos temas a traducir son amplísimas en la Red; la labor de traductores e intérpretes, en definitiva, es de una tecnicidad innegable, pero todo esto se les escapa a muchos jefes de unidad y directores que tienen a estos profesionales a su cargo (amén de otros muchos, precisamente por la falta de servicios de traducción tan acuciante a que nos hemos referido anteriormente).

Lógicamente, también desconocen otras necesidades de un servicio de traducción moderno. Estamos hablando de las herramientas de traducción asistida, de las que se sirven muy pocos departamentos de traducción hoy en día en nuestra Administración.

Y el acceso a Internet (o la falta del mismo) no es más que una de las muestras de la penuria en la que muchos traductores e intérpretes se desenvuelven: mal clasificados laboralmente (y, por ende, mal remunerados), con unas exigencias laborales que mal se compadecen con las que cabría requerir de un profesional serio; pese a todo, poco reconocidos en su labor y, por si fuera poco, con escasas posibilidades de formación continua, otro de los pilares de la labor de cualquier profesional del sector y que se cuida mucho en las organizaciones internacionales. La formación no debería ser un lujo, como se ha indicado en el apartado correspondiente al código deontológico, sino una obligación de traductores e intérpretes. Dado que su labor es, como señalamos, de gran especificidad, es lógico que la actualización de sus conocimientos sea uno de los imperativos de su actividad. Para conseguirlo, la Administración debe poner a su alcance cursos realmente adaptados a sus necesidades, para lo cual debe ofrecerse un elenco de actividades dirigidas específicamente a los traductores e intérpretes (sin duda, lenguas y habilidades informáticas pero, sobre todo, profundización en conocimientos, que son la base del trabajo de estos profesionales).

De todo ello, podemos deducir las siguientes propuestas:

2. Propuestas de reforma:

a) Modificación de los textos legales, judiciales y procesales, básicos:

El intérprete y el traductor deben convertirse en una figura reconocida y claramente definida en los mismos.

A la larga, lo ideal sería que la traducción y la interpretación fueran objeto de un texto normativo propio para la Administración (probablemente de carácter reglamentario). Resulta perentorio resolver la poco estimulante situación en la que traductores e intérpretes se desenvuelven en algunos sectores, especialmente el judicial, en el que su labor es fundamental en la salvaguardia de los derechos de las personas, aunque también en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en la Sanidad y la Defensa hay enormes carencias que resolver.

Por ejemplo, resulta inconcebible la descripción de la labor de los traductores e intérpretes de la Justicia a la vista de lo dispuesto en los textos legales básicos, como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La indefinición y la falta de reconocimiento de la especificidad de su trabajo deben subsanarse lo antes posible mediante las pertinentes reformas legales. Las menciones inaceptables a la labor de traductores e intérpretes en dichos textos legales deben desaparecer (véase capítulo II).

Sin embargo, y aparte de la problemática concreta del ámbito judicial, existe la perentoria necesidad de una regulación normativa que establezca, para toda la Administración, unos requisitos de acceso, acreditación y formación que sean válidos para una actividad técnica como es la de traductores e intérpretes. Ello no sólo redundaría en beneficio de los profesionales actualmente en activo, y obviamente de los destinatarios de su trabajo, sino que enviaría a la sociedad un mensaje de la dignidad que debe revestir esta labor.

b) Creación de servicios de traductores e intérpretes en la Administración con la denominación de tales. Aunque sin duda estamos entrando en materia de los organigramas propios de cada órgano, sería muy deseable que existieran estos servicios de manera que se regulasen aspectos tales como los siguientes:

  • condiciones de trabajo profesionales: medios informáticos y cursos de formación adecuados;
  • integración de traductores e intérpretes en los escalones superiores del empleo público;
  • acceso por principios de excelencia, competencia y profesionalidad, lo que exigirá pruebas de acceso bien diseñadas y en las que los candidatos puedan demostrar adecuadamente su idoneidad para los puestos ofrecidos.

En último término, la creación de un Cuerpo General de Traductores e Intérpretes, probablemente según el modelo del actualmente adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, podría ser un objetivo a largo plazo, ya que garantizaría condiciones de trabajo uniformes y perspectivas de movilidad horizontal, que son siempre muy deseables.

c) Profesionalización 

La creación de estos servicios permitiría un cierto grado de equiparación de los traductores e intérpretes españoles con los miembros de los servicios de las organizaciones internacionales. Ello implicaría cambios sustanciales en la configuración de la labor de estos profesionales. A título de ejemplo, cabe citar los siguientes:

  • trabajo fundamentalmente a la lengua materna, o a la lengua escogida, pero evitando en la medida de lo posible la doble direccionalidad traducción directa/inversa cuya calidad es siempre dudosa;
  • diferenciación clara entre traductores e intérpretes;
  • exigencia de formación en traducción e interpretación de los mediadores interculturales que realicen estas funciones en el ámbito sanitario con combinaciones lingüísticas para las que exista formación reglada. En el caso de mediadores interculturales de lenguas minoritarias, creación de cursos que fortalezcan y certifiquen sus competencias en traducción e interpretación, tal y como ocurre en otros países europeos como Bélgica;
  • preparación de guías de estilo de la propia organización;
  • creación de servicios de terminología y documentación o, al menos, existencia de personas que desempeñen labores en este ámbito, por ejemplo para la preparación de bases de datos documentales;
  • difusión de los programas de traducción asistida por ordenador;
  • implantación sistemática de la revisión de carácter especializado, de manera que aquellas personas con mejores conocimientos en un ámbito concreto revisen los textos que resulten más idóneos a la vista de su formación.

d) Evitar la subcontratación generalizada

En los últimos años la tendencia en las Administraciones Públicas respecto a la contratación de traductores e intérpretes ha sido la subcontratación de empresas que proporcionan a estos profesionales.  En cuanto a esta solución, se pueden resaltar dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, el hecho de interponer un intermediario entre la Administración y el traductor/intérprete encarece el servicio en detrimento de la calidad. Por un lado, el beneficio que obtiene el intermediario supone un encarecimiento, lo que se puede probar de forma fehaciente con las cifras que manejan las administraciones de justicia de las Comunidades Autónomas a las que se han transferido las competencias en materia de Justicia, puesto que aquellas que han optado por la subcontratación de los traductores e intérpretes que intervienen en los juicios han duplicado o triplicado sus presupuestos. El mismo caso lo encontramos en la Dirección General de la Policía. Por otro lado, el encarecimiento del servicio no supone una mejora de la calidad. De hecho, en estas administraciones que han optado por la subcontratación la calidad ha caído en picado. Se han constatado casos de empresas que se quedan con un sesenta por ciento de lo que paga la administración, de manera que la cantidad restante para contratar al traductor/intérprete es irrisoria, y es muy difícil o casi imposible contratar un servicio de calidad.

En segundo lugar, al realizar este tipo de subcontrataciones en cuestiones que afectan a derechos individuales fundamentales (privación de la libertad o determinación de la protección internacional) y a derechos colectivos, como la salvaguarda del interés público o la seguridad del Estado –hablamos principalmente de Justicia, Interior y Defensa – la Administración ha hecho una dejación de funciones irresponsable. Los pliegos de condiciones de las licitaciones de estas empresas subcontratadas raramente se cumplen, ya que desde la Administración no hay un control de su cumplimiento ni de la calidad del servicio suministrado, y han aparecido en la prensa numerosos casos de actuaciones de intérpretes que carecían de la calidad suficiente e incluso tenían antecedentes penales. Además se han constatado casos de empresas que han utilizado, por ejemplo, la lista de intérpretes jurados publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofertarla en las licitaciones como propia.

En el ámbito sanitario, la administración ha optado por subcontratar empresas de interpretación telefónica. Hemos constatado que, en numerosas ocasiones, los servicios de interpretación presencial se requieren después de haber fracasado el intento de comunicarse por medio de la interpretación telefónica. Esta modalidad de interpretación, que ofrece ventajas obvias en cuanto a la inmediatez, cobertura horaria y oferta de idiomas, también tiene ciertas limitaciones (por ejemplo, la pérdida de toda la información no verbal que tiene lugar en el la consulta médica), lo que en ocasiones impide que sea una opción apta para garantizar la comunicación en el contexto sanitario. Sin embargo, el apoyo de las administraciones a los intérpretes presenciales en hospitales y centros de salud es prácticamente inexistente.

Si en materias tan sensibles y delicadas como son Asuntos Exteriores y Presidencia se ha optado por tener una plantilla propia de calidad que pueda hacer frente al servicio en condiciones de confidencialidad y seguridad, nos preguntamos por qué esto todavía no es posible en materias igualmente trascendentes como son Justicia, Interior, Defensa y Sanidad Baste decir que después de los atentados del 11-M la plantilla de Interior se incrementó casi en un tercio. No sólo es necesario ese aumento, sino que la contratación se haga en condiciones de calidad, es decir, de seguridad para los ciudadanos, como se hace en los ministerios mencionados.

1. Creación de registros de profesionales autónomos con criterios de cualificación y competencia.

Aunque creemos necesario que todos estos ministerios cuenten con una plantilla que ofrezca una estructura mínima, para casos en los que es especialmente necesaria la confidencialidad (como pueden ser, por ejemplo, en Justicia, casos que se encuentren bajo secreto de sumario, o en Interior y Defensa, casos que afecten a la seguridad del Estado) somos conscientes de que es imposible que el Estado sustente una plantilla de traductores/intérpretes que pueda abarcar todas las actuaciones diarias necesarias tanto en Justicia como en Interior. Por ello proponemos una alternativa: la creación de registros de profesionales autónomos. Esto permitiría solventar las dos cuestiones que hemos resaltado respecto de la subcontratación.

En primer lugar, si la incorporación a tales registros de los profesionales se hace con criterios de cualificación y competencia, habrá unas mínimas garantías de calidad en el servicio. En segundo lugar, al evitar la actuación de un intermediario, los honorarios del intérprete/traductor podrán ser lo suficientemente dignos como para mejorar la contratación y la calidad de los profesionales.

2. Servicios integrales de traducción e interpretación judicial

Una segunda alternativa, o mejor dicho, una opción complementaria de la anterior, es la creación de servicios integrales de traducción e interpretación. Nos referimos con esto a la posibilidad de compaginar o de complementar esa estructura mínima de plantilla, necesaria para determinados casos, con la existencia de unos registros de traductores/intérpretes autónomos. Podemos hablar de varios casos, algunos permanentes y otros puntuales, que ya funcionan o han funcionado (véase capítulo VII).

En la isla de Gran Canaria, hace diez años, el único componente de la plantilla de traductores e intérpretes en dicha isla se hizo cargo del servicio y elaboró su propio registro de intérpretes cualificados con criterios de calidad para que actuaran en los juzgados. El experimento ha tenido tanto éxito que se ha ampliado a dos islas más, no sólo con una garantía de calidad del servicio sino también con un importante ahorro en el presupuesto.

Otro ejemplo es la coordinación de la interpretación del juicio del 11-M, que se organizó desde la plantilla del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y para el que también se creó un pequeño registro de intérpretes cualificados. Esto fue posible gracias a la existencia del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del MAEC, porque el Ministerio de Justicia, después de veinticinco años contratando traductores e intérpretes sin criterios de calidad, no cuenta aún con una estructura capaz de hacer frente a un juicio como el 11-M. 

e) Elaboración de un código deontológico para la profesión

Un código deontológico y de buenas prácticas no sólo fomentará la dignificación y profesionalización de la figura del traductor e intérprete institucional, sino que además es necesario, puesto que este código ético existe no tanto en interés de los propios profesionales sino, sobre todo, en interés de los receptores del servicio. Por un lado, los destinatarios del servicio desconocen las lenguas en cuestión y no pueden juzgar su calidad. Por otro lado, en muchas ocasiones hay otras cuestiones en juego además de la calidad y quizá mucho más importantes que esta última. Pensemos, por ejemplo, en una persona que hace una declaración ante el juez por un delito que se ha cometido contra ella, un familiar o un amigo, y cuya difusión puede poner en peligro su integridad física o la de terceros. Por poner un ejemplo más, pensemos, por ejemplo, en un intérprete que hace escuchas para detectar posibles amenazas terroristas.

Un código deontológico resulta imprescindible para regular cualquier profesión, de manera que los destinatarios de la traducción o interpretación puedan tener no sólo determinadas garantías respecto de la calidad, sino también la confianza en que se observará la confidencialidad y la imparcialidad, e incluso que habrá un sistema sancionador en caso de que se incumplan. En el Anexo dedicado al código deontológico se incluye un listado de los puntos que podrían integrarlo.

f) Colaboración entre el resto de los actores jurídicos/gestores administrativos y los profesionales de la traducción e interpretación

Una de las principales dificultades con las se encuentra el traductor/intérprete institucional es, sin duda, el desconocimiento y el desinterés respecto de la profesión. En muchas ocasiones, es imposible crear servicios organizados y estructurados de traducción e interpretación en la Administración porque los gestores encargados de crearlos desconocen la labor en sí y no pueden distinguir entre un trabajo profesional y un trabajo que no lo es. Esto tiene muchas implicaciones, puesto que es imposible contratar a traductores e intérpretes de calidad si no se conocen los requisitos que estos deben tener. Por ejemplo, los gestores suelen valorar más a “traductores” que hagan traducciones e interpretaciones tanto inversas como directas de cuantas más lenguas mejor. Un traductor o intérprete profesional sabe que se trata de dos profesiones distintas, y que es sumamente complejo, por no decir imposible, hacer traducciones inversas de calidad, mucho más en una infinidad de idiomas. Pero prima la inmediatez y el ahorro a corto plazo  en detrimento de la profesionalidad y la calidad.

En los procesos judiciales los traductores e intérpretes desarrollan su labor teniendo que luchar contra todo un muro de incomprensión y desconocimiento, puesto que lo que más dudas y recelos genera en una oficina judicial es que el intérprete pida las actuaciones para conocer el tema del juicio y familiarizarse con el vocabulario, y en muchas ocasiones se les niegan alegando que el intérprete no es parte en el juicio o simplemente que “solamente tiene que traducir lo que se diga”. Es obvio que un intérprete profesional sabe que la preparación de la interpretación es una parte importante de su trabajo. También se ha dado algún caso en que el juez ha prohibido al intérprete tomar notas durante el juicio, cuando cualquier profesional sabe que la toma de notas es una técnica necesaria que el intérprete debe desarrollar para hacer interpretación consecutiva. En este caso el juez puso como excusa la confidencialidad, lo que viene a reforzar la necesidad de un código deontológico.

Resulta absolutamente necesario que los gestores administrativos encargados de organizar los servicios de traductores e intérpretes, y todos los usuarios finales: actores judiciales, policiales, etc. reciban una mínima formación respecto al trabajo con intérpretes y traductores, para que se familiaricen con las dificultades y las claves de la profesión. Baste decir que entre los puntos que proponemos que integren el código deontológico mencionado anteriormente está el “asumir encargos sólo cuando el intérprete o traductor se considere competente para ellos” y “revelar cualquier limitación profesional que pueda surgir durante un encargo, y tomar las medidas necesarias para subsanarla”, lo que deja entrever que son muchas las dificultades a las que un traductor o intérprete debe enfrentarse, y que no se trata de un trabajo poco complejo o sin necesidad de preparación.

3. Ámbito judicial: Directiva 2010/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 

No queremos concluir este capítulo referente a las propuestas de reforma de la situación actual sin mencionar la Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales recientemente aprobadaen la Unión Europea. Entendemos que los términos “calidad suficiente” y “debidamente cualificado” pueden ser interpretados en nuestro contexto como la necesidad de un requisito de cualificación universitaria superior para los traductores e intérpretes judiciales, que pensamos es el requisito mínimo del que habría que partir para los traductores e intérpretes institucionales en su conjunto. Esta Directiva también supone un importante respaldo a muchas cuestiones que hemos planteado como propuestas de reforma. Por ejemplo, hay dos asuntos claves que se incorporaron en la última redacción de la directiva y que, como hemos dicho antes, son fundamentales:

a)      En cuanto a la formación, insta a formar a jueces y fiscales y demás personal judicial en las particularidades de la comunicación con la ayuda de intérprete (art. 6).

b)     Respecto de los registros, insta a crear uno o varios registros nacionales de intérpretes y traductores debidamente cualificados que puedan interconectarse según el plan de acción relativo a la Justicia en red europea de 27 de noviembre de 2008 (art. 5).