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Traducción institucional

A continuación se ofrece una radiografía de los servicios de traducción e interpretación en las Administraciones Públicas y de las condiciones en las que trabajan estos profesionales.

En este sentido, cabe señalar que el Libro Blanco recoge también un compendio de los textos legales nacionales e instrumentos internacionales que mencionan la figura del traductor o intérprete o que le sirven de marco de referencia. Ahí se pueden apreciar las deficiencias y obsolescencias de la legislación actual. Para ver el compendio, pinche aquí.

En este sentido, es importante subrayar la aportación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al Derecho a Interpretación y a Traducción en los Procesos Penales. Se trata de la primera medida de la UE que establece normas mínimas comunes para los derechos de la defensa en causas penales. Estas normas garantizarán que los ciudadanos disfruten de traducciones escritas de todos los documentos fundamentales, como el atestado o escrito de acusación, y que tengan derecho a un servicio de interpretación en todas las vistas e interrogatorios, así como durante las reuniones con los abogados. España, al igual que los demás Estados miembros, dispone de un plazo de tres años para incorporar la medida a su Derecho nacional.

La nueva Directiva, en su artículo 5, establece lo siguiente:

Calidad de la traducción y la interpretación

  1. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida con arreglo al artículo 2, apartado 8, y el artículo 3, apartado 9.
  2. Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción, así como un acceso eficaz a las mismas, los Estados miembros se esforzarán por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Una vez establecidos dichos registros se pondrán, cuando proceda, a disposición de los abogados y las autoridades pertinentes.
  3. Los Estados miembros garantizarán que los intérpretes y traductores respeten el carácter confidencial inherente a los servicios de interpretación y traducción facilitados de conformidad con la presente Directiva.

Parece, por lo tanto, el momento idóneo para que la Administración conozca mejor los recursos con los que cuenta y se replantee la forma en que presta sus servicios de traducción e interpretación.