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Justicia

I. Administración de Justicia

Los traductores-intérpretes de la Administración de Justicia están repartidos por toda la geografía nacional y no existe un régimen homogéneo y uniforme aplicable a todos ellos. Conviene distinguir entre dos grandes grupos:

A) Un primer grupo está formado por aquellos profesionales que  trabajan en Comunidades Autónomas en las que los medios personales de la Administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia (La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia e Islas Baleares), los que desarrollan su labor en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los que ejercen sus funciones en los órganos centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). A fecha de 9 de abril de 2010, había un total de 55 plazas creadas. 14 plazas están ocupadas por personal fijo, 15 por personal interino y 26 están vacantes. El hecho de que haya tantas plazas vacantes, en ocasiones en órganos judiciales en los que su presencia es fundamental, demuestra que las condiciones laborales y la falta de reconocimiento profesional no contribuyen a retener al personal.

B) Un segundo grupo lo forman aquellos profesionales que trabajan en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Estas Comunidades son, a día de hoy, el Principado de Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana. El número aproximado de plazas asciende a 60[1], sumando las que están ocupadas y las que están vacantes.

Respecto del primer grupo, el Ministerio de Justicia convoca procesos selectivos mediante el sistema de concurso-oposición para el personal fijo. La oposición, tradicionalmente, comprendía pruebas de traducción directa e inversa, a lo que se ha añadido hace unos años una entrevista en el idioma extranjero. En lo que respecta a los traductores-intérpretes temporales del ámbito no transferido, el Ministerio de Justicia, salvo contadas excepciones, no exige ningún tipo de prueba. Una comisión formada por funcionarios de la Administración y representantes de los sindicatos, sin ningún tipo de asesoramiento por parte de expertos en traducción e interpretación, decide qué curriculum es el más adecuado. Los traductores-intérpretes judiciales del ámbito no transferido se rigen por el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la AGE, BOE núm. 273, Jueves 12 de noviembre de 2009, Sec. III. Pág. 95145, y su categoría laboral es de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Grupo profesional 3 (categoría de Bachiller o equivalente).

En cuanto al segundo grupo, los traductores-intérpretes transferidos a las Comunidades Autónomas, hay que decir que, salvo contadas excepciones, todos los traductores-intérpretes accedieron a sus puestos cuando estos todavía dependían del Ministerio de Justicia. Ahora bien, existen diferencias en cuanto al encuadramiento profesional respecto a sus homólogos del territorio no transferido. Algunas Comunidades Autónomas han reconocido la especificidad del puesto y procedieron a la reclasificación de estos traductores-intérpretes a los respectivos cuerpos de Diplomados (Andalucía) o de Licenciados (éste ha sido el caso del País Vasco, Madrid y Canarias), dándose la paradoja, por ejemplo, de que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, nos encontramos con traductores-intérpretes titulados superiores en los juzgados, mientras que los órganos jurisdiccionales superiores (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) cuentan aún con traductores-intérpretes con grado de Bachiller.

Una vez que han accedido al puesto de trabajo, no se les ofrece a los traductores-intérpretes ningún curso introductorio que les permita familiarizarse con las tareas a las que deben enfrentarse. Es evidente la enorme complejidad del trabajo por la diversidad de materias objeto del mismo. Aunque predomine lo penal, en ocasiones se tocan temas del ámbito civil, social o contencioso-administrativo. Al mismo tiempo, se trata de un trabajo que entraña mucha responsabilidad, un error en la traducción o interpretación puede afectar gravemente a los intereses de los justiciables, que en muchas ocasiones se juegan su libertad y/o propiedad, amén de otros derechos.

Los traductores-intérpretes judiciales disponen, por regla general, de ordenador propio y de acceso restringido a Internet. Sin embargo, no trabajan con programas de traducción asistida.

Los destinatarios de la labor que realizan los traductores-intérpretes judiciales son los jueces y magistrados, fiscales, abogados, médicos forenses, policía judicial, Interpol, funcionarios, imputados, acusados, perjudicados, testigos, demandantes y demandados con derecho a asistencia jurídica gratuita, denunciantes y denunciados, ciudadanos en general y autoridades judiciales extranjeras.

Como no existen servicios de traducción e interpretación, estos trabajadores dependen casi siempre de un Secretario de Gobierno o Juez Decano, en función del órgano jurisdiccional al que estén adscritos formalmente.  Sus jefes y superiores son, por lo tanto, profesionales del derecho, que desconocen en la inmensa mayoría de los casos el mundo de la traducción e interpretación.

Traductores externos:

La demanda por parte de los juzgados y tribunales de traductores e intérpretes judiciales ha crecido enormemente en España en los últimos años. El número de procedimientos con intérpretes hoy en día es muy superior al que había hace veinte años, cuando se crearon las primeras plazas de traductores-intérpretes judiciales en plantilla. Allí donde el personal en plantilla no es suficiente o no cubre los idiomas que se necesitan, la Administración contrata a traductores-intérpretes freelance o autónomos, si bien está ganando terreno la modalidad de la subcontratación del servicio de traducción e interpretación a empresas privadas.

Estaríamos, pues, ante un tercer grupode traductores e intérpretes judiciales, que trabaja para los juzgados y tribunales, tanto del ámbito transferido como del no transferido, en algunos casos en virtud de un contrato mercantil con la Administración y, en otros casos, a través de un vínculo mercantil o laboral con la empresa adjudicataria, ejerciendo idénticas funciones que los profesionales que trabajan en plantilla. Por sus manos pasan documentos de contenido confidencial y se les llama para intervenir en todo tipo de juicios, predominando los del orden penal. Su responsabilidad, al igual que ocurre con los traductores e intérpretes en plantilla, es enorme.

Tradicionalmente los traductores-intérpretes freelance eran contactados, en la mayoría de los casos, directamente por los juzgados o tribunales para la prestación de un servicio concreto. No se recurre necesariamente a los intérpretes jurados, a pesar de ser los únicos profesionales fedatarios acreditados oficialmente en España a través del nombramiento de “Traductor/Intérprete Jurado” otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que habilita para el ejercicio libre de la profesión de traductor e intérprete en el ámbito jurídico. Las razones para no recurrir a estos profesionales son variadas y pueden estar relacionadas con el precario sistema retributivo imperante y el desconocimiento de su figura. También hay que tener en cuenta que para determinados idiomas sigue habiendo muy pocos intérpretes jurados, e incluso en determinadas provincias escasean para los idiomas más comunes.

Al no existir, en el caso de los traductores e intérpretes, ningún Colegio Profesional que pudiera facilitar listados, estos se confeccionan casi siempre por personal sin formación en recursos humanos ni en traducción e interpretación, mediante la solicitud de inclusión por parte del interesado o la presentación de su currículum vitae, sin ningún otro tipo de comprobación. Además de acudir a los listados, otra manera de contactar con traductores-intérpretes freelance es a través del personal del juzgado o tribunal que conoce a personas que se dedican privadamente a tareas de traducción e interpretación o a la  enseñanza de idiomas, o a personas que simplemente hablan o afirman hablar la lengua requerida.

Frente al sistema expuesto, gestionado directamente por la Administración, existe un segundo sistema, en el cual la gestión es realizada por empresas privadas adjudicatarias del servicio de traducción e interpretación judicial. En un informe  que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial elaboró y publicó en abril de 2010, tras haber analizado durante cuatro meses el funcionamiento de los seis Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, los inspectores advierten, entre otras cosas, del peligro de perder el rigor y la confidencialidad de las traducciones por haber dejado en manos de empresas ajenas a la Audiencia las tareas de traducción de documentos, comisiones rogatorias o interrogatorios. No existe ningún tipo de control administrativo sobre los servicios que prestan estas empresas. Una vez ganada la licitación son ellas las que libremente deciden a quién envían a los juzgados.

Los traductores e intérpretes judiciales a veces tienen un contrato laboral con la empresa adjudicataria, pero ha habido casos de sanciones a estas empresas por falta de alta en la Seguridad Social de sus trabajadores. El trabajador recibe una remuneración sumamente baja, lo que resulta en un margen de beneficio de la empresa que ronda el 60%. La externalización del servicio sólo ha servido para mermar la calidad y fomentar la falta de profesionalización del personal que presta los servicios de traducción e interpretación. Son continuas las quejas que aparecen en la prensa, incluso han aparecido noticias sobre contratación de intérpretes analfabetos o con antecedentes penales.

Ante este panorama y dado el cada vez mayor número de procedimientos judiciales en los que el Estado español debe proporcionar un traductor o intérprete, se hace necesario buscar otra forma más eficiente de organizar este tipo de servicios, que sea más respetuosa con los derechos de los justiciables.  A la vez es fundamental idear una fórmula que permita a los operadores jurídicos conocer de cerca la figura del traductor-intérprete judicial y ser conscientes de las repercusiones que pueden derivarse de la intervención de éste último.

II. Ministerio de Justicia

Existe un Servicio de Traducción dentro del propio Ministerio de Justicia con sede en Madrid, que por sus características y funciones no debe ser confundido con el anterior colectivo de los traductores-intérpretes judiciales. Este Servicio de Traducción, que se creó hace unos veinte años (alrededor del año 1988), depende actualmente de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones.

A diferencia de los traductores-intérpretes judiciales, que son personal laboral, casi todos estos profesionales pertenecen a la escala C1 del cuerpo de funcionarios, para la que se exige el Bachiller Superior (B.U.P.) Sin embargo, casi todos cuentan con estudios superiores. Se trata de un colectivo integrado por  5 personas. Las vacantes se cubren única y exclusivamente mediante concurso, en el que sólo pueden participar funcionarios de carrera.

Entre las tareas que tiene encomendado este Servicio de Traducción están la traducción inversa y directa de sentencias para el traslado de personas condenadas, y de documentación que emana de procedimientos de sustracción internacional de menores y procedimientos de extradición.  También suele hacer traducción directa e inversa de ponencias y presentaciones en reuniones internacionales. Este Servicio de Traducción trabaja para las Subdirecciones del Ministerio de Justicia.

 


[1] Fuente: Ortega Herráez (2011). Interpretar para la Justicia. Granada: Comares