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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: la Oficina de Interpretación de Lenguas

La Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC está integrada por 17 traductores, 9 en la sección de traducción directa y 8 en la de traducción inversa e interpretación. El acceso, en todos los casos, ha sido por oposición libre al Cuerpo de Traductores e Intérpretes, del grupo A1, definido por el nivel de título académico exigido para presentarse a la oposición, que es el de Licenciado.

Las funciones que se desarrollan en la Oficina vienen fijadas en el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, e incluyen la traducción oficial al castellano de los tratados y convenios internacionales en que sea Parte el Estado español, así como de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente. Organiza, además, los exámenes de traductores e intérpretes jurados, que habilitan a los traductores que ejercen la profesión como autónomos a certificar la veracidad de las traducciones de documentos con validez jurídica.

La Oficina depende de la Vicesecretaría General Técnica del MAEC, a la que, según la normativa vigente le corresponde, entre otras funciones la del ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio en materia de traducción e interpretación de lenguas extranjeras.

En la Oficina, cada traductor dispone de su propio equipo informático, con conexión a Internet sin limitaciones, más allá de los filtros establecidos con carácter general en todo el Ministerio. Existen 15 licencias del programa de ayuda a la traducción DéjàVu.

Los destinatarios del trabajo de la Oficina son muy numerosos. En primer lugar, como es lógico, el Ministerio y la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero, de acuerdo con su Reglamento, la Oficina debe atender (y atiende), las peticiones de traducción e interpretación de los órganos superiores del Estado, la Casa Real, Presidencia del Gobierno, Ministerios diversos, etc., pero también se realizan traducciones a petición de órganos periféricos de la Administración del Estado, del Poder Judicial, etc.